En marzo comienza un nuevo gobierno y, con ello, la renovación de quienes liderarán los ministerios. Por el rubro en el que trabajo, sigo con especial atención la labor del Ministerio de Energía. Hoy existe una frustración creciente en muchas familias chilenas, tanto por el alza sostenida en las cuentas de la luz como por la recurrencia de los cortes de suministro.
Frente a este escenario, la instalación de paneles solares aparece como una solución concreta y probada. Sin embargo, para que esta alternativa sea realmente atractiva y masiva, resulta indispensable mejorar el funcionamiento de la Ley de Netbilling, que permite inyectar los excedentes de generación a la red. En la práctica, los procesos distan mucho de lo que establece la normativa: los plazos de respuesta de las distribuidoras rara vez se cumplen y los errores en la lectura de medidores bidireccionales son frecuentes, generando desconfianza y desincentivando a los usuarios.
Aquí surge una pregunta de fondo: ¿qué incentivos reales tienen hoy las distribuidoras para promover que sus clientes instalen paneles solares? Desde su perspectiva, esto implica menor consumo facturado y, además, la obligación de pagar por los excedentes inyectados. En rigor, el principal —y a veces único— incentivo para colaborar es evitar eventuales multas.
No se trata de demonizar a las distribuidoras. Es razonable asumir que ninguna empresa destina recursos de manera prioritaria a áreas que no le generan ingresos. Justamente por eso, el desafío del próximo gobierno y del Ministerio de Energía debiera ser alinear los incentivos, de modo que la transición hacia una generación distribuida más limpia y resiliente no dependa solo de la buena voluntad, sino de un marco regulatorio que haga sentido económico para todos los actores involucrados.
Escrito por
Francisco Valdés
9 de Marzo, 2026